Impugnar decisiones de los tribunales nacionales en el ámbito del derecho administrativo es un área central de nuestra especialización, ya que su jurisprudencia constituye la base de todas las demás cuestiones internacionales de derechos humanos, incluidas la extradición, los rechazos de entrada, las denegaciones de permisos de residencia y los procesos judiciales ilegales. La jurisprudencia del TEDH también sustenta las decisiones de INTERPOL. Por ello, el litigio ante el Tribunal de Estrasburgo no solo es nuestra principal especialización, sino también nuestra cualificación fundamental.

Representamos a clientes en casos relacionados con procedimientos de extradición, rechazos de entrada, denegaciones de solicitudes de asilo y expulsiones, garantizando que las decisiones nacionales sean impugnadas tanto a nivel interno como internacional. Nuestra práctica incluye solicitudes urgentes de medidas provisionales ante el TEDH, que a menudo constituyen la única herramienta eficaz para detener entregas o expulsiones ilegales. Contamos con experiencia en el procedimiento de ponderación de intereses contrapuestos, con especial atención a los casos relacionados con la familia, así como en la invocación de la prohibición absoluta de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes en asuntos relativos a la extradición y a procesamientos penales ilegales o de carácter político.

La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) desempeña un papel crucial en la facilitación de la cooperación internacional entre los organismos de aplicación de la ley. Sin embargo, figurar en la base de datos de INTERPOL puede afectar significativamente la vida cotidiana de una persona, lo que puede dar lugar a:

• Denegación de residencia o de naturalización
• Denegación de visados
• Restricciones en el ámbito bancario, de registro de empresas, concesión de licencias, acreditaciones y oportunidades de asociación
• Riesgo de detención durante los viajes
• Exposición a procedimientos de extradición

Aida Litigation (LLC) posee experiencia en la eliminación de registros de la base de datos de INTERPOL de diferente naturaleza: eliminación de notificaciones rojas, azules, amarillas y verdes.
Un abogado especializado en INTERPOL debe contar con una pericia sobresaliente, ya que la Comisión de Control de los Ficheros de INTERPOL (CCF) aplica un marco estricto para tramitar las solicitudes y no ofrece la posibilidad de volver a examinar el mismo caso ni de recurrir su decisión ante ningún otro órgano. Esto significa que la CCF examina cada solicitud una sola vez, lo que hace esencial que la petición sea preparada con el máximo nivel de profesionalismo. La revisión de una decisión de la CCF es posible únicamente en caso de aparición de nuevos hechos, lo que también está permitido, pero exige un enfoque muy cuidadoso para determinar si efectivamente existen circunstancias nuevas durante la fase de revisión de la CCF.

Si aún no existen datos en los registros de INTERPOL, es posible impedir la publicación de una notificación mediante la presentación de una solicitud preventiva ante INTERPOL, que es reconocida formalmente por la Secretaría General como solicitud preventiva a INTERPOL (Interpol pre-emptive request).

La extradición es un procedimiento peligroso que, en algunos casos, puede llevarse a cabo sin un examen adecuado del expediente penal subyacente. En ocasiones, los tribunales autorizan la extradición sin considerar plenamente los riesgos a los que podría enfrentarse la persona reclamada al ser entregada. Sin embargo, cuando existen indicios de violaciones graves de derechos humanos —como el riesgo de tortura, tratos inhumanos o degradantes, o cuando la solicitud tiene un carácter político o abusivo— los órganos internacionales pueden intervenir directamente en el proceso judicial nacional e impedir la entrega. Tales órdenes de protección urgentes se denominan medidas provisionales.
Nuestro equipo, especializado en derecho de los derechos humanos, cuenta con la experiencia necesaria para presentar solicitudes ante organismos internacionales de derechos humanos en los casos en que la expulsión o la extradición puedan vulnerar las normas fundamentales de protección. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Regla 39), el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Protocolo Facultativo) y el Comité contra la Tortura (artículo 22 de la CAT) tienen competencia para intervenir en asuntos de extradición y expulsión. Al otorgar medidas provisionales, estos órganos pueden ordenar a un Estado suspender el procedimiento de expulsión hasta que el caso haya sido examinado en cuanto al fondo.